Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y solución pacífica de conflictos sociales

Breve descripción del proyecto

Nombre: Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de Conflictos Sociales (FOSIT)
Comitente: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
País: Guatemala
Contraparte: Ministerio de Gobernación (MinGob) de la República de Guatemala
Duración: 2013 a 2019

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Situación de partida 

A pesar de los más de 20 años transcurridos desde la firma de los Acuerdos de Paz (1996) y de algunas mejoras en los últimos años, Guatemala se considera el país más frágil de América Central y uno de los países más peligrosos del mundo, debido a la combinación de inestabilidad política, crimen organizado y altos índices delictivos.

Hay avances, pero aún insuficientes, en el desarrollo social y económico para todos los grupos sociales y para los grupos étnicos en particular. La corrupción a gran escala ha reducido al mínimo la confianza de la población en el Estado y el sector justicia. En 2015, una serie de escándalos de corrupción en los que se vio envuelta hasta la cúpula del Estado, hicieron estallar fuertes demandas de más transparencia, diálogo y democracia, aumentando la presión sobre el Gobierno; no obstante, tardan en llegar unas reformas profundas. Y allí donde han podido introducirse nuevas medidas políticas, la cobertura es insuficiente para la implementación a nivel nacional.

Objetivo

Estado, sociedad civil y sector privado implementan estrategias concertadas para el mejoramiento de las estructuras de la seguridad ciudadana. En concreto, disminuye la violencia en la vida cotidiana, se resuelven conflictos sociales y ambientales sin violencia, aumenta la transparencia y, con ella, la confianza en el Estado.

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Procedimiento

Con el Programa FOSIT (Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de Conflictos Sociales), la GIZ fomenta la prevención de la violencia, especialmente la ejercida contra niños y niñas, jóvenes y mujeres. El otro aspecto central consiste en evitar los conflictos sociales violentos.

A nivel nacional, el Programa asesora al Ministerio de Gobernación sobre estrategias de prevención de la violencia, así como en lo concerniente a la cooperación con otras instituciones públicas. El Programa apoya a actores estatales y de la sociedad civil, como ONG y asociaciones empresariales, en la construcción y el desarrollo de métodos y mecanismos de diálogo.

La implementación de las medidas se focaliza en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Quiché.

Las redes locales de actores estatales y de la sociedad civil son un factor de éxito importante para mejorar la seguridad ciudadana. Su aceptación entre la población es un requisito previo para un diálogo entre todos los involucrados y la resolución constructiva de conflictos sociales. Por lo tanto, el Programa opta por la sistematización de experiencias de transformación de conflictos y buenas prácticas como base para unas estrategias de prevención comunitaria de la violencia desarrolladas conjuntamente por el Estado y la sociedad civil.

La sociedad civil, así como diferentes asociaciones y grupos de interés, se fortalecen tanto en sus esfuerzos por un diálogo social inclusivo, como en su papel de coordinación. Redes conformadas por el Estado y la sociedad civil, como la Red Quiché y CM Tierras en Alta Verapaz, analizan previamente situaciones de conflicto y anticipan el diálogo. Así, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de conflictos se convierten en tareas comunes de todos los grupos sociales y étnicos.

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Resultados

  • Desde 2014, existe por primera vez un marco de políticas nacionales de largo plazo para la prevención de la violencia. Una estrategia de implementación lo complementa desde 2017.
  • Entre 2013 y 2017, las agresiones físicas y los asesinatos han disminuido en el área del proyecto en un 16 %, y los delitos contra la propiedad, en más del 40 %.
  • 37 comunidades han desarrollado planes para la prevención de la violencia.
  • El tema tabú de la violencia contra la mujer se llevó a discusión pública y se vinculó en los 37 municipios con las estrategias locales de prevención. Las autoridades locales tienen consciencia del problema, y también a nivel nacional se percibe el tema con mayor fuerza.
  • Las iniciativas de las administraciones locales para regular el expendio de bebidas alcohólicas, especialmente a jóvenes, han encontrado amplia aceptación por parte de las autoridades municipales y la población.
  • Más de 400 policías, maestros y maestras, empleados y empleadas del sector público, actores y actoras de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado han sido capacitados mediante cursos a distancia, seminarios y diplomas en técnicas de desescalada de conflictos y enfoques sistematizados de prevención de la violencia. El módulo de formación para la prevención de la violencia está siendo solicitado por otras instituciones y comunidades, y utilizado en un programa financiado por la USAID.
  • Casi 2.300 mujeres, hasta ahora en doce municipios, han expresado de manera anónima sus experiencias de violencia participando en la campaña “Cartas de mujeres”. El manual metodológico de la campaña está siendo solicitado a nivel nacional. La violencia contra las mujeres está siendo objeto de políticas de prevención locales y nacionales.
  • Diversas instituciones estatales interactúan regularmente en un Sistema Nacional de Diálogo. Se fortalece la coordinación de instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, en la respuesta a los conflictos sociales, mediante la práctica regular del diálogo entre todos los actores en situaciones de conflicto.
  • El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE) ha desarrollado un programa de diálogo sostenible, que, hasta el momento, ha implementado mediante tres eventos, con alrededor de 300 participantes del Estado, la sociedad civil y el sector privado.
  • Instituciones estatales y la organización no gubernamental Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, han formado una Alianza Nacional por la Transparencia. Un proyecto piloto local para la transparencia, lanzado conjuntamente con el Procurador de los Derechos Humanos y Acción Ciudadana, ha suscitado un gran interés en otras comunidades.
  • Estado, sector privado y sociedad civil de Guatemala trabajan juntos de forma exitosa en el estándar Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Este constituye un modelo importante para el diálogo constructivo y pacífico de diferentes grupos de interés.
  • Con el apoyo de un cooperante de Acción Ciudadana, una serie de actividades públicas, como un tour anticorrupción por la capital o formación técnica para la lucha contra la corrupción y el enfoque de cumplimiento, centran la atención en una de las principales causas del descontento de la ciudadanía con el Estado y sus instituciones.

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