Situación de partida
En 2016, el Gobierno colombiano y el antiguo grupo guerrillero “Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejército del Pueblo” (FARC-EP) firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto armado y construir una paz duradera. Sin embargo, en lo que concierne al papel de las mujeres y a la protección de las comunidades étnicas, así como a las personas con diversas identidades de género u orientaciones sexuales, los avances son aún escasos.
La participación de estos grupos en las decisiones políticas es limitada, y los actores de la sociedad civil no disponen de los recursos y apoyo suficientes para implementar las medidas de género. Además, las relaciones de poder desiguales y la dinámica de discriminación de género dificultan la implementación de las medidas del acuerdo.
Objetivo
Las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil cuentan con la capacidad para implementar medidas específicas de género resultantes del Acuerdo de Paz y del Plan de Acción de la Resolución 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad” de las Naciones Unidas y tienen en consideración a las personas afectadas a la vez por distintas formas de discriminación.
