Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe

Descripción breve del proyecto

Denominación: Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe
Comitente: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania
País: Chile
Entidad responsable a nivel político: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas
Duración total: 2016 a 2018

Situación de partida

Desde el año 1980, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania cooperan para promover un desarrollo económico sostenible desde los puntos de vista social y ecológico en la región. La CEPAL actúa como centro de investigación (think tank) para la región, que analiza y elabora propuestas para la formulación de políticas. A partir de 2003, el BMZ y la CEPAL están unidos, además, en una alianza estratégica, que intensifica aún más la cooperación en forma de programas bianuales sucesivos. La GIZ está a cargo de implementar las medidas.

Objetivo

Los países de América Latina y el Caribe han integrado elementos seleccionados de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en sus estrategias y planes de acción nacionales.

Procedimiento

El actual programa de cooperación entre la CEPAL y el BMZ (2016-2018) tiene como finalidad apoyar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. El equipo del proyecto apoya a los países de la región a incorporar los objetivos de la Agenda 2030 en sus estrategias y planes de desarrollo nacionales. En tal sentido, el enfoque se centra en los objetivos de la sostenibilidad ecológica, la equidad distributiva y el desarrollo económico.

El proyecto promueve la colaboración de la CEPAL con proyectos de la cooperación alemana para el desarrollo. La CEPAL aprovecha las experiencias de estos proyectos para mejorar sus propias propuestas de políticas y llegar a una implementación más eficaz de sus estrategias en los países de la región.

El equipo del proyecto desarrolla y organiza eventos de diálogo político de alto nivel entre América Latina o el Caribe y la Unión Europa o Alemania. Estos foros giran en torno a temas tales como los sistemas de protección social, la eficiencia energética y las energías renovables, la industrialización inclusiva, la igualdad de género, la implementación de la Agenda 2030 y los desafíos del cambio climático.

Resultados

Política social. Los Gobiernos de Costa Rica y El Salvador recibieron asesoría para la concepción de leyes sobre los temas de cuidado, desarrollo y educación de la primera infancia, así como sobre protección social. Las leyes respectivas fueron promulgadas en el año 2014. Los Gobiernos de El Salvador, Paraguay, República Dominicana y Uruguay recibieron apoyo con respecto a la concepción de la reforma de sus sistemas de protección social y se les acompañó durante la introducción de estos procesos.

Protección del clima. El crecimiento económico de los países de la región trae consigo un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que ponen en peligro los objetivos climáticos. Es cada vez más urgente desacoplar por completo las actividades económicas y las emisiones.

Las emisiones de la República Dominicana son notablemente superiores al promedio de América Central y el Caribe. El país fue asesorado exitosamente respecto de la elaboración de sus contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional para el cambio climático (INDC por sus siglas en inglés). Con este fin, se desarrolló un modelo econométrico de simulación de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generarían bajo los supuestos de distintas tasas de crecimiento económico y escenarios de desacoplamiento. La herramienta de simulación ha permitido una comparación crítica de distintos escenarios de desarrollo. Sobre esta base, la República Dominicana pudo formular su contribución prevista y determinada a nivel nacional y presentarla en la Conferencia sobre el Clima en París: una reducción del 25 por ciento de sus gases de efecto invernadero hasta 2030 en comparación con 2010.

Eficiencia energética. El auge económico debe ir acompañado de una creciente eficiencia energética. A fin de poder evaluar adecuadamente el alcance de las políticas de fomento de la eficiencia energética, se requieren datos estadísticos e indicadores cuidadosamente seleccionados. En el marco del programa de cooperación, se estableció una extensa base de datos de indicadores para medir la eficiencia energética, en la que participan hasta ahora 19 países de la región. Los países recibieron capacitación para la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos, así como para el uso de los indicadores. Con los datos recabados y con el apoyo de los socios de la cooperación, Uruguay y Ecuador han desarrollado ya planes nacionales de eficiencia energética. La introducción de esta base de datos ha despertado reacciones positivas en el Banco Mundial.

Política fiscal ecológica. El Gobierno de Ecuador fue asesorado para la introducción del primer impuesto a los automóviles en función de sus emisiones de CO2 y un sistema de devolución de botellas plásticas no retornables. En Colombia, se apoyó a representantes del Gobierno para el análisis y la elaboración de instrumentos eficaces para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre la base de esta evaluación, se instituyó un impuesto al CO2, que entró en vigencia en enero de 2017.

Cadenas de valor. La creación de cadenas de valor sostenibles demanda innovaciones tecnológicas. En México, se prestó asesoría al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para la formulación de una nueva ley que establece incentivos fiscales para las empresas privadas decididas a invertir más en investigación y desarrollo. En octubre de 2016, el Senado mexicano promulgó la propuesta de ley formulada, que consiste en una nota de crédito del 30 por ciento de las inversiones realizadas en innovaciones técnicas a ser deducida del impuesto a las sociedades. En el transcurso de diez meses, el CONACYT registró inversiones adicionales en investigación y desarrollo por un importe superior a 36 millones de dólares norteamericanos.

A su vez, Ecuador recibió apoyo para el desarrollo de seis propuestas de reformas estructurales. Éstas se basan en los potenciales de prometedoras cadenas de valor nacionales, tales como la producción de cacao, acuicultura marina, farmacéutica, desarrollo de software y turismo.

Igualdad de género. En varios países de la región se han logrado considerables éxitos en términos de la igualdad de género. Mientras tanto, el tema ha ganado en popularidad y ha encontrado mayor arraigo en la mentalidad de la población y de las instancias de decisión de la política y del sector privado. En Costa Rica se creó una red interministerial para el empoderamiento económico de las mujeres, y en Panamá y Perú se pactaron acuerdos nacionales para fomentar la autonomía económica de las mujeres.