Consolidación de la Reforma del Sistema Procesal Penal y de la Administración de la Justicia
Descripción breve del proyecto
Denominación: Apoyo a la Consolidación de la Reforma del Sistema Procesal Penal y de la Administración de la Justicia
Comitente: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania
País: Perú
Entidad responsable a nivel político: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Corte Suprema
Duración total: 2003 a 2015
Situación de partida
Desde hace más de diez años, el Estado peruano se esfuerza por emprender reformas fundamentales del sistema judicial. En 2004 se promulgó un nuevo Código Procesal Penal, que se basa en un proceso oral. Además, se puso en marcha una reforma de la administración estatal. Sin embargo, los criterios de calidad de un Estado de derecho no se aplican todavía en todos los campos, ni en la promulgación de leyes ni en la aplicación de las mismas.
Una gran parte de la población no tiene sino un acceso muy restringido a la justicia. Los tribunales, la fiscalía, la policía y muchos ámbitos de la administración pública se ven afectados por la corrupción. Las consecuencias son una inseguridad jurídica general y un trato no igualitario.
Objetivo
Para la continuidad e implementación de la reforma de la administración de la justicia, se aplican criterios de calidad conformes con el Estado de derecho.
Procedimiento
El proyecto apoya al Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema y a la Fiscalía General de la Nación para las siguientes reformas:
- implementar medidas de formación, basadas en la metodología jurídica;
- desarrollar criterios de calidad, que ayuden a dictar una sentencia y a sustentarla;
- Analizar la jurisprudencia de las cortes penales y de la Corte Interamericana sobre los derechos procesales fundamentales y emitir comentarios académicos;
- analizar el desarrollo de los procesos judiciales, elaborar materiales para incrementar la eficiencia del sistema judicial y de la lucha contra la corrupción, e identificar obstáculos para la implementación y estrategias de superación;
- apoyar procesos de aprendizaje verticales entre las instituciones que participan en la reforma;
- reformar la Procuraduría (representación del Estado para el descubrimiento y esclarecimiento de delitos de corrupción y apoyo para la persecución penal);
- desarrollar y concertar una política penal;
- elaborar un plan de derechos humanos;
- apoyar a la fiscalía para que pueda proceder con mayor eficiencia en la persecución penal de la corrupción y la violencia contra las mujeres.
Resultados
Hasta enero de 2015 se ha introducido exitosamente el nuevo sistema procesal penal en 23 de los 32 distritos judiciales.
Gracias a la reforma de la justicia penal, la duración promedio de los procesos se ha reducido de 600 a menos de 200 días. Aparte de ello, ha disminuido la proporción de los reclusos en prisión preventiva del 70 por ciento a menos del 50 por ciento de la totalidad de la población penal. Por primera vez se han introducido estándares de desempeño para los jueces.
Mientras que con el antiguo sistema la mayoría de los casos pasaban a la Corte Suprema para un fallo definitivo, desde 2007 ésta sólo ha dictado 24 sentencias.
En todos los ámbitos del poder judicial – procesos penales, civiles, laborales y administrativos – ha sido posible reducir el volumen de procesos acumulados.
Entre 2003 y 2014, el número de defensores públicos ha aumentado en más de cuatro veces (de alrededor de 300 a unos 1.500). Además, la protección jurídica de las mujeres ha mejorado sustancialmente. El mayor aporte a esta mejora consistió en establecer una unidad central de protección a las víctimas, en especial para las víctimas de violaciones y violencia intrafamiliar.
Con apoyo de la GIZ, el Parlamento ha promulgado diversas reformas y nuevas leyes: entre otras, se trata de leyes sobre jueces de paz, el crimen organizado y una reforma del nuevo sistema procesal penal. De este modo, los procesos pueden tramitarse de manera más rápida y eficiente, sin que por ello se pierdan las garantías jurídicas.
El proceso legislativo se ha vuelto más accesible para la población civil. Ésta puede comentar las iniciativas de nuevas leyes en la página de Internet de la Comisión de Justicia del Parlamento.
Se ha introducido además un nuevo software que facilita la búsqueda de informaciones y el esclarecimiento de los delitos de corrupción. Con el apoyo del proyecto, se ha mejorado también la estructura organizativa de la Procuraduría, que representa al Estado en todos los delitos de corrupción. La Fiscalía General ha instalado una dirección nacional que permite perseguir los delitos de corrupción.
Con apoyo de la GIZ, el Consejo de Ministros debatió y promulgó un nuevo plan de derechos humanos del Ministerio de Justicia.
En colaboración con la policía y la fiscalía, se han concebido e implementado medidas para combatir eficazmente la violencia contra las mujeres. En cooperación con diez universidades, se ha elaborado un nuevo plan de estudios sobre el nuevo sistema procesal penal, que en la actualidad se viene implementando paso a paso.