Fortalecimiento de la Corte Constitucional colombiana
Descripción breve del proyecto
Denominación: Fortalecimiento institucional de la Corte Constitucional de Colombia
Comitente: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania
País: Colombia
Entidad responsable a nivel político: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
Duración total: 2020-2023
Situación de partida
La Corte Constitucional colombiana fue creada en virtud de la Constitución de 1991. Una de sus principales funciones es velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y los derechos humanos, así como resolver los conflictos de competencias entre los órganos constitucionales. La Corte también decide en última instancia sobre las demandas formuladas acerca de la compatibilidad del tratado de paz de 2016 con la Constitución colombiana. De este modo, contribuye a la construcción de la paz a largo plazo en Colombia.
La Constitución de 1991 introdujo el recurso legal de la "tutela": este permite a la ciudadanía presentar una denuncia ante un tribunal especializado cuando el Estado conculca sus derechos fundamentales y humanos. Un 13 % de las personas demandantes pertenece a la categoría de sujetos de alta protección. A fin de unificar la jurisprudencia, todas las sentencias de tutela son trasladadas después a la Corte Constitucional para revisión. De las aproximadamente 600 000 sentencias anuales, una sala de la Corte selecciona alrededor de 1 000 para revisión, siguiendo un procedimiento de libre aceptación.
La figura de tutela alberga un gran potencial para proteger los derechos humanos individuales de los ciudadanos y ciudadanas. Pero esto solo se conseguirá si el sistema funciona y resulta accesible a los sujetos de alta protección, y si también se hacen cumplir las resoluciones. Sin embargo, en Colombia existe una gran incertidumbre al respecto. El número de sentencias de tutela ha aumentado un 800 % en los últimos 20 años y los métodos de trabajo y organización de la Corte establecidos originalmente no pueden hacer frente a tal volumen.
Otro reto para la Corte Constitucional es la selección de las sentencias de tutela a revisar. A ello se suma la duración de los procedimientos y el hecho de que a menudo las sentencias no pueden hacerse cumplir frente a las instituciones estatales. Esto daña la credibilidad de dicho recurso legal y merma la confianza en la Corte.
Objetivo
La jurisprudencia de la Corte Constitucional es más accesible y aplicable para todas las partes involucradas, sus métodos de trabajo son más eficientes y las decisiones se implementan de forma eficaz.
Procedimiento
El proyecto asesora a la Corte Constitucional para unificar la jurisprudencia y hacer cumplir un mayor número de sentencias de tutela. A tal fin, trabaja en tres áreas de acción:
1. Facilitar el acceso a la jurisprudencia:
El proyecto desarrolla un nuevo diseño para la página web de la Corte Constitucional con una mejora significativa en la función de búsqueda de las resoluciones. Promueve el intercambio de experiencias entre los tribunales participantes mediante grupos moderados de jueces y juezas. Además, apoya a la Corte Constitucional mediante aportes científicos para la elaboración sistemática de líneas de jurisprudencia. De este modo, se mejora el acceso a la jurisprudencia constitucional para la ciudadanía, los y las profesionales del Derecho y los tribunales.
2. Mejorar los procedimientos de la Corte Constitucional:
El proyecto analiza, junto con las oficinas de los jueces y juezas, procesos de trabajo seleccionados y, a partir de dicho análisis, desarrolla estándares para un procedimiento uniforme. Para ello, elabora un manual para jueces y juezas y un manual de organización. Establece también un círculo de calidad para el personal jurídico de la registratura y para los jueces y juezas a la hora de apoyar el intercambio profesional. Como resultado, mejora la calidad del trabajo judicial en la Corte Constitucional y disminuye la duración de los procedimientos.
3. Hacer cumplir las resoluciones:
Junto con las instituciones interesadas (Procuraduría de la Nación y Defensoría del Pueblo), el proyecto determina el nivel de conocimientos acerca de la aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional y cuál es la necesidad de información consiguiente. Sobre esta base se desarrollará, con carácter modelo, un sistema de seguimiento de las sentencias de tutela, y se ensayará su eficacia para determinados derechos fundamentales en regiones seleccionadas.
Última actualización: abril 2021