Fomento de las administraciones públicas y del desarrollo económico regional
Descripción breve del proyecto
Denominación: Reforma del Estado orientada a la ciudadanía (Buena Gobernanza)
Comitente: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania
País: Perú
Entidad responsable a nivel político: Presidencia del Consejo de Ministros del Perú
Duración total: 2019 hasta 2022
Situación de partida
El Gobierno Peruano trabaja a favor de una mayor integridad y contra la corrupción, fortaleciendo, al mismo tiempo, las instituciones con miras a asegurar una buena gobernanza. Además, promueve un crecimiento económico equitativo, competitivo y ecológicamente sostenible, así como el desarrollo social.
En este contexto, el Gobierno se enfrenta al reto de implementar sus políticas en todo el país, pues existen importantes diferencias entre sus regiones. Este desafío se refleja en el Índice de Progreso Social, que mide la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de cada región. Dicho índice evidencia que ninguna de las 26 regiones del país alcanza un progreso social calificado como “alto”. De hecho, nueve regiones se encuentran en el nivel “medio-bajo” y 16 en el nivel “bajo”. Esto pone de manifiesto la existencia de un desarrollo desigual entre las regiones, a pesar de que los indicadores económicos del país han mejorado de forma general.
En muchos casos, la corrupción en el país es también un lastre para el progreso económico y social. La percepción de la corrupción por parte de la población ha pasado del 44% al 62% en seis años (al 2019). Esto afecta tanto al Gobierno como a las regiones y limita considerablemente la capacidad de actuación y gestión de los Gobiernos Regionales.
Objetivo
Los actores clave del desarrollo regional son más eficientes a la hora de implementar mejoras en la administración pública y de promover la integridad, la competitividad y la innovación.
Procedimiento
El proyecto apoya a la Presidencia del Consejo de Ministros en tres áreas:
En primer lugar, fomenta en hasta tres regiones el sistema de integridad pública, que coordina la lucha del Estado contra la corrupción, así como la prevención de esta y la gestión de riesgos.
En segundo lugar, se fortalece la administración pública en hasta tres regiones para poder mejorar la prestación de servicios orientados a la ciudadanía. Para ello, el proyecto optimiza la gestión interna de las administraciones fomentando la gestión de riesgos y desarrollando métodos innovadores y digitales.
Por último, el proyecto también impulsa el desarrollo económico mediante agencias regionales de desarrollo en siete regiones. Las agencias de desarrollo se basan en la cooperación entre actores gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de mejorar la competitividad y la innovación en cadenas de valor prioritarias, como por ejemplo, el turismo o los productos agrícolas. La Unión Europea apoya este último ámbito con recursos financieros adicionales.
Todas las medidas tienen en cuenta acciones articuladas relativas a la mejora de rendimiento, innovación, digitalización, sostenibilidad ecológica y la igualdad de género.
Resultados
Las siete regiones asesoradas han creado Agencias Regionales de Desarrollo junto con el Estado, la empresa privada y la academia.
Con el fin de mejorar su competitividad, cuatro regiones han puesto ya en marcha estrategias regionales de innovación para una especialización inteligente. Estos planes tienen en consideración cuestiones de sostenibilidad ecológica, economía circular e igualdad de género.
Las regiones asesoradas cuentan ahora con planes de integridad y lucha contra la corrupción y con comisiones regionales anticorrupción activas.
Para impulsar la reforma de administración pública en el Perú, se acordó una cooperación entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y el Instituto de Investigación para la Administración Pública de Espira (FÖV) en Alemania.
La evaluación del impacto regulatorio es ahora una política pública, cuya metodología está inspirada en Alemania y América Latina. La implementación redujo costos administrativos en unos US$ 87 millones para el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía.
Fecha: marzo 2021