Apoyo a la construcción de paz

Descripción breve del proyecto

Denominación: Apoyo a la construcción de paz en Colombia (ProPaz)
Comitente: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania
País: Colombia
Entidad responsable a nivel político: Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC-Colombia)
Duración total: 2015 a 2021

Colombia: En la Zona Humanitaria de la “Comunidad CIVIPAZ”, en El Castillo, en la región del Meta, unas piedras recuerdan a las víctimas del conflicto armado. © GIZ/Hanna Thiesing

Situación de partida

Colombia es un país de dos caras: por un lado, se caracteriza por un crecimiento económico constante, una clase media en auge que vive en grandes ciudades de aspecto moderno, una gran riqueza de recursos y una política económica estable con orientación internacional. Por otro lado, presenta una desigualdad social extrema, la cual instiga desde hace más de 50 años un conflicto armado que a diario cobra nuevas vidas.

A pesar de los progresos en la disponibilidad de servicios estatales, el país vive una crisis humanitaria permanente: el Registro Único de Víctimas tiene inscritas a más de 8,5 millones de personas víctimas del conflicto armado. En este contexto, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 representa una de las iniciativas legales más ambiciosas del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Tras más de cuatro años de negociaciones, el Gobierno nacional y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) llegaron a firmar un Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Las FARC-EP, el mayor y más antiguo movimiento guerrillero de Sudamérica, dejaron las armas y se han constituido ahora en partido político. Además, continúan los diálogos oficiales iniciados en febrero de 2017 con la segunda guerrilla más grande del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el que el Gobierno ha alcanzado un alto al fuego bilateral.

A pesar de que ya en el primer año de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP se alcanzaron algunos logros, la política de paz del Gobierno tiene aún un largo camino por recorrer. Es necesario cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de Paz y seguir fortaleciendo a las instituciones del Estado, las entidades públicas y la administración de justicia a nivel regional y nacional, para continuar con la agenda marcada en el Acuerdo. En la implementación del mismo, se han dado avances significativos en temas como la participación política, la transición de las FARC a un partido político, la dejación de las armas y la reincorporación de ex combatientes de las FARC a la vida civil. Sin embargo, subsisten aún grandes desafíos, sobre todo con respecto a los otros contenidos del Acuerdo, como son la Reforma Rural Integral y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Además, se debe mejorar la coordinación entre los más de 50 actores que participan formalmente en estos procesos, en especial entre las nuevas instituciones creadas en el marco del Acuerdo. También es necesario seguir fortaleciendo el diálogo entre la sociedad civil y el Estado, tomando en cuenta particularmente los distintos niveles de decisión.

Objetivo

Se han implementado las políticas de paz de forma participativa y eficiente a nivel nacional, regional y local.

Procedimiento

En el campo de acción Construcción de paz con enfoque territorial, el consorcio Como-Berghof ofrece por mandato de la GIZ asesoría temática y de procesos a las administraciones territoriales y a las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de asesoría para la formulación e implementación participativa de iniciativas de desarrollo territorial como aporte a la construcción de paz y en procesos colaborativos para la prevención de la violencia y la superación de conflictos.

En el campo de acción Justicia transicional y memoria histórica, se presta apoyo a la cooperación entre la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y el Ministerio de Justicia y del Derecho, con miras a mejorar la eficiencia del proceso de expedición y aplicación de sentencias basadas en la Ley de Justicia y Paz, así como a proteger los derechos de las víctimas. La Ley de Justicia y Paz constituye la base jurídica para el desarme masivo de los grupos paramilitares a partir de 2005. Junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el proyecto apoya al Estado y a la sociedad civil para que desarrollen procesos continuos de reconstrucción de memoria histórica plural e incluyente y una cultura de paz.

En el tercer campo de acción, Reparación de víctimas y restitución de tierras, el proyecto apoya la coordinación entre los actores del Estado y las organizaciones de víctimas, a fin de llegar a un proceso más eficiente de reparación y de restitución de tierras.

Desde octubre de 2016 existe además un cuarto campo de acción, Fortalecimiento y consolidación de capacidades locales y regionales para la planificación, el ordenamiento territorial y la construcción de paz (ForPaz), cofinanciado por la Unión Europea e implementado por ProPaz. Sobre este campo de acción se ha consignado mayor información en su respectiva ficha técnica.

Resultados

Las gobernaciones y los municipios en las regiones del programa -Norte de Santander y Meta- han integrado la construcción de paz en los planes de desarrollo regional y local. La Mesa Técnica Interinstitucional, compuesta por el Departamento Nacional de Planeación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Posconflicto, elaboró, con apoyo de ProPaz, unos lineamientos para alcaldías y gobernaciones, dirigidos a integrar temas importantes para la construcción de paz en los planes de desarrollo territorial. La Gobernación de Norte de Santander, los municipios de Ocaña y Teorama, al igual que representantes de la sociedad civil están implementando conjuntamente un modelo para la prevención de violencia desde un enfoque sistémico.

Los actores involucrados en la implementación de la Ley de Justicia y Paz, como la Fiscalía General de la Nación (FGN) y organizaciones de la sociedad civil, cuentan con mayores competencias para la ejecución y el acompañamiento del proceso. Asimismo, las nuevas estrategias permiten una tramitación más rápida de los procesos judiciales en el marco de la Ley de Justicia y Paz y contribuyen de este modo a la reparación para las víctimas de los paramilitares.

En la sociedad colombiana, la superación del pasado en lo que atañe al conflicto armado se considera cada vez más importante. Organizaciones de jóvenes en Norte de Santander trabajan conjuntamente con instituciones públicas y actores de la sociedad civil en la superación del pasado de su región, mientras que docentes de Meta y Norte de Santander conocen los contenidos de la caja de herramientas del Centro Nacional de Memoria Histórica y saben cómo aplicarla en el aula.

El pueblo indígena barí en Norte de Santander ha iniciado procesos de reclamación de derechos territoriales y puesto en marcha su demanda de reparación colectiva. ProPaz continúa apoyando estos procesos, facilitando el diálogo entre los actores involucrados y acompañando a las entidades gubernamentales encargadas.