Implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas como aporte a la prevención de conflictos

Descripción breve del proyecto

Título: Apoyo a la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas como aporte a la prevención de conflictos
Comitente: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA) de Alemania
País: Perú
Entidad responsable a nivel político: Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura; Defensoría del Pueblo; Ministerio de Energía y Minas
Duración total 2012 a 2015

Perú. Representantes del pueblo maijuna durante una consulta. © GIZ / Karina Vargas

Situación de partida

El crecimiento de la economía peruana ha venido acompañado de numerosos conflictos sociales, sobre todo relacionados con la extracción de materias primas.

Tanto en el pasado como en el presente, la población indígena peruana se encuentra en una situación muy desfavorecida y marcada por la pobreza. A ello se agrega que en las áreas donde habita a menudo se extraen materias primas. Según las normas internacionales y nacionales, los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados antes de que el Estado promulgue medidas que los afecten directamente.
La implementación de este derecho entraña un potencial conflictivo, sobre todo en relación con la extracción de materias primas. Se han logrado progresos notables, pero subsisten diversos desafíos relacionados con el desarrollo de los conocimientos de los actores indígenas y estatales, así como con la mejora cualitativa de los procesos e instrumentos de gestión.

Desde 2012, la GIZ apoya a la Defensoría del Pueblo del Perú y al Viceministerio de Interculturalidad en el cumplimiento de sus mandatos relacionados con la realización de las consultas previas. Desde 2016, la GIZ respalda la implementación del derecho a la consulta previa en el sector minero. Para ello, asesora al Ministerio de Energía y Minas.

Objetivo

En el marco de sus mandatos respectivos, la Defensoría del Pueblo, el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Energía y Minas del Perú han contribuido a la implementación eficaz del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

Perú. El Viceministerio de Interculturalidad capacita a intérpretes indígenas para la mediación intercultural. © GIZ / Karina Vargas

Procedimiento

La GIZ apoya a la Defensoría del Pueblo, al Viceministerio de Interculturalidad y al Ministerio de Energía y Minas para la implementación profesional del derecho a la consulta previa.

  • Se mejoran las bases de datos y los fundamentos técnicos para la implementación del derecho a la consulta previa. La GIZ fomenta la sistematización de los procesos de consulta y el desarrollo de procedimientos piloto para la identificación de pueblos indígenas en la región andina.
  • Se mejoran los procesos internos de trabajo de las autoridades responsables. El proyecto fomenta la coordinación entre las autoridades, contribuye al desarrollo de instrumentos para la observación y supervisión de las consultas, y ofrece asesoría técnica para representantes de las autoridades y de los pueblos indígenas.
  • Se refuerza el nivel de conocimiento de los funcionarios del Estado y los representantes de los pueblos indígenas. La GIZ apoya medidas de capacitación e implementa programas internacionales de intercambio sobre el derecho a la consulta previa en el sector minero.

Resultados

En el marco de la cooperación internacional, se lograron los siguientes resultados:

  • La Defensoría del Pueblo goza del reconocimiento de otras autoridades como órgano de supervisión de las consultas previas. Los lineamientos de supervisión desarrollados forman parte de las normas internas.
  • El Viceministerio de Interculturalidad ha fortalecido su rol como institución líder para el desarrollo de políticas dirigidas a los pueblos indígenas. Asesora, acompaña y controla los aspectos técnicos de todos los procesos de consulta. Con el apoyo de la GIZ, el Viceministerio cuenta con mejores instrumentos y personal técnico debidamente capacitado.
  • Más de 500 representantes de pueblos indígenas y 6.500 funcionarios públicos han incrementado sus conocimientos sobre el derecho a la consulta previa, ya sea a través de cursos presenciales, o de un curso por Internet elaborado en el transcurso del proyecto y certificado por la Defensoría del Pueblo. En un programa de intercambio con Colombia, tres directivos del Ministerio de Energía y Minas pudieron llegar a conocer las experiencias del sector minero colombiano respecto de los procesos de consulta.
  • Se han implementado 26 procesos de consulta, de los cuales 11 ya han concluido. Seis procesos están en revisión. Casi la mitad de las consultas se relaciona con la extracción de materias primas: 8 están ligadas a explotaciones petroleras y 4 a proyectos mineros. De esta forma, se ha logrado fortalecer la implementación institucional del derecho a la consulta previa.