Utilización justa y sostenible de la biodiversidad

Situación de partida

Aunque Centroamérica tiene una extensión territorial que apenas representa alrededor del 0,5 % de la superficie terrestre del planeta, esta región alberga más del 7 % de la biodiversidad a nivel mundial. Sin embargo, debido al cambio climático y al alto crecimiento demográfico, estos recursos naturales se encuentran en grave peligro. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, suscrito en 1992, tiene, entre otros, el objetivo de asegurar el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de esos recursos (Access and Benefit-Sharing, ABS). Por este motivo, la mayoría de los países signatarios del CDB aprobó en 2010 el Protocolo de Nagoya, un acuerdo internacional sobre medio ambiente, con el que se busca conciliar los intereses de los países de origen de los recursos genéticos —por lo general países en desarrollo y emergentes— y de los países que utilizan los recursos genéticos —casi siempre países industrializados—. El Protocolo de Nagoya entró en vigor en octubre de 2014 y desde entonces ha sido ratificado por un total de 117 Estados (a fecha de 30/03/2019; fuente: CDB), entre ellos Alemania en el año 2016.

El protocolo también tiene en cuenta los conocimientos tradicionales de los que disponen sobre todo las comunidades indígenas y locales, y que, en la región centroamericana, desempeñan un papel de especial importancia. Con frecuencia son las mujeres quienes poseen estos conocimientos. Para la implementación eficaz y eficiente del ABS y del Protocolo de Nagoya es preciso crear las condiciones y aportar claridad sobre las oportunidades y los riesgos.

Así, los recursos genéticos constituyen la base de un gran número de productos para la economía y la ciencia. Se utilizan en la biotecnología, pero también en productos farmacéuticos y cosméticos, jardinería, semillas, fertilizantes, pesticidas, alimentos y bebidas. En Centroamérica, este tema suscita muchas controversias: los Gobiernos desean impedir la biopiratería, es decir, la utilización ilegal de los recursos por parte de empresas e investigadores e investigadoras extranjeros. Por su parte, algunas organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas se defienden también frente a la idea de que su base de subsistencia sea considerada un valor económico. 

Objetivo

Los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) —Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana— implementan primeras medidas para una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización sostenible de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos.

Procedimiento

Entre 2014 y 2019, el proyecto puso en marcha, a lo largo de 52 meses, capacitaciones, eventos informativos e intercambios técnicos a nivel regional y nacional. En estas actividades, sobre todo representantes de la política, de órganos encargados de hacer cumplir la ley, de la sociedad civil y del sector privado adquirieron conocimientos y se informaron sobre las oportunidades y los riesgos del acceso a los recursos naturales genéticos y los beneficios derivados de su utilización. El proyecto mejoró y desarrolló estrategias y condiciones marco jurídicas que sirven de orientación a los Estados miembros del SICA para aprovechar mejor sus recursos genéticos.

El proyecto apoyó a algunos países para definir el marco político, estratégico y jurídico para la implementación del Protocolo de Nagoya. Asimismo, acompañó el diálogo nacional sobre el tema, integrando experiencias internacionales positivas, así como propuestas para su puesta en práctica. Junto con la población, el proyecto mostró en regiones y municipios ejemplos de cómo los países pueden utilizar con mayor beneficio económico y social productos de la biodiversidad o productos basados en recursos genéticos. Los resultados se comunicaron a los y las responsables de los Gobiernos locales y nacionales. Así se generaron incentivos que contribuyen a la protección y la utilización sostenible de los recursos biológicos.

Resultados

Hasta marzo de 2019, el proyecto impartió capacitación a 2147 personas (de ellas, 1064 mujeres) en ministerios, órganos encargados de hacer cumplir la ley y otras instituciones. Estas capacitaciones tuvieron lugar en cooperación, entre otros, con la Secretaría del CDB y la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad. Las condiciones marco y los procesos para el ABS se mejoraron a través de 13 nuevas disposiciones legales, la simplificación de los procedimientos para solicitar la utilización de los recursos y otros instrumentos del ABS. Esto aporta una mayor claridad para los usuarios y usuarias y los proveedores y proveedoras de los recursos. Costa Rica es el primer país en otorgar a los usuarios y usuarias la etiqueta “ABS Costa Rica Biobenefits”. La República Dominicana aprobó en 2018 un reglamento de ejecución del ABS para simplificar los procedimientos, así como una política nacional de ABS que hace hincapié, entre otras cosas, en el papel de la mujer en las cadenas de valor del ABS.

En abril de 2018, Guatemala incorporó el ABS en los criterios para otorgar financiamiento del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza (FONACON). A nivel regional, se fundó el Comité Regional de ABS de Centroamérica y República Dominicana, que fomenta el intercambio de experiencias entre los países. 
El Programa apoyó las cadenas de valores ABS de morro en Guatemala, de jarabe Brontox en Costa Rica y de aceite de coco y cedrón en Panamá. Con ello, casi 250 personas pudieron aumentar sus ingresos en Guatemala y Panamá. Asimismo, el papel de la mujer indígena fue fundamental para el desarrollo de la cadena de morro para valorizar los conocimientos tradicionales y preservar la flora local en Rabinal/Guatemala.