Reforma del Estado orientada a la ciudadanía

Descripción breve del proyecto

Denominación: Reforma del Estado orientada a la ciudadanía
Comitente: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania
País: Perú
Entidad responsable a nivel político: Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
Duración total: 2014 hasta 2018

Perú. Servicio al cliente en un módulo de pago de tarifas municipales.

Situación de partida

La modernización del Estado y la administración pública es una de las prioridades del Gobierno peruano. Desde 2002, se han realizado –en el marco de un proceso de democratización– importantes reformas para descentralizar y modernizar la estructura del Estado y la administración pública.

A pesar de los considerables avances logrados, las tasas de aprobación de las instituciones estatales en Perú se encuentran entre las más bajas de América del Sur. La política de reforma es poco coherente y no se implementa de manera integral a nivel de los gobiernos locales y regionales. Por lo tanto, no se pueden prestar servicios públicos de manera efectiva. Los principales obstáculos son la débil interacción entre los diferentes niveles gubernamentales y las competencias, a menudo deficientes, en materia de gestión y administración financiera de los gobiernos regionales y locales.

Objetivo

Las administraciones públicas a nivel local y regional son más eficaces, más transparentes y están más orientadas a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.

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Procedimiento

En nombre del Gobierno Federal Alemán y cofinanciado por la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO), el proyecto apoya a más de 120 municipalidades y otros actores en el desarrollo de sus competencias. Hay tres campos principales de acción:

  • Concertación de los procesos de planificación y elaboración de presupuestos

La GIZ apoya a los gobiernos locales y regionales en la programación de los fondos presupuestarios destinados a servicios públicos. Se aspira a lograr una planificación de gastos plurianual basada en resultados y orientada a las necesidades de la ciudadanía. Gracias a la retroalimentación brindada al Ministerio de Economía y Finanzas sobre las experiencias de los gobiernos regionales y locales, se perfecciona continuamente el sistema nacional de presupuestos por resultados.

  • Política social y modernización administrativa

Se apoya a los gobiernos locales y regionales a mejorar la tasa de cobertura y la calidad de los programas sociales. En cooperación con la empresa consultora Ambero, se brindó asesoramiento sobre cómo reducir el tiempo, los costos y las barreras burocráticas. Los servicios prestados por los gobiernos locales y regionales estarán así más orientados a la ciudadanía. La empresa consultora GFA apoyó en la reforma de la administración pública.

  • Fortalecimiento de la rendición de cuentas

Los actores estatales a nivel subnacional reciben apoyo para una mayor transparencia y un mejor acceso a la información por parte de los ciudadanos y ciudadanas. De este modo, se podrán controlar mejor las acciones estatales. Además, se busca involucrar en mayor medida a la ciudadanía a fin de mejorar los servicios. Todo ello contribuye a generar relaciones constructivas entre el Estado y la sociedad.

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Resultados

Desde el año 2000, con apoyo de la GIZ, cuatro millones de peruanas y peruanos han recibido un mejor acceso a los servicios públicos.

La asesoría para la concertación de los procesos de planificación y elaboración de presupuestos ha contribuido a que 35 municipalidades hayan logrado planificar sus gastos en función de los resultados y a las necesidades de la ciudadanía. En 2016, estas municipalidades obtuvieron en promedio un aumento del siete por ciento en los fondos presupuestarios con respecto al año anterior. A su vez, 15 municipalidades lograron incrementar sus presupuestos gracias a que alcanzaron los objetivos del plan nacional de incentivos.

El apoyo para la mejora de los servicios públicos ha llevado a que, hasta la fecha, 37 municipalidades rurales hayan logrado ampliar el abastecimiento de agua potable y la eliminación de aguas residuales. Por su parte, 31 municipalidades urbanas han reducido los tiempos de espera y los costos de los servicios públicos. Asimismo, 14 gobiernos locales han mejorado el acceso de la población a los programas sociales. Un total de 35 municipalidades han implementado instrumentos para la modernización de la administración pública.

Diez municipalidades han mejorado en Internet sus portales de transparencia, a través de los cuales informan a la población sobre la administración municipal. Otras 25 municipalidades han incrementado la transparencia con respecto a las obras públicas.