Situación de partida
En junio de 2017 entró en vigor en México una ley contra la tortura, la cual constituyó un hito en el desarrollo del Estado de derecho mexicano. Dicha ley establece la prohibición absoluta de la tortura. Ya no son válidas aquellas pruebas obtenidas a través de actos de tortura. La tortura se penaliza, por lo que el autor de la misma y sus superiores incurren en responsabilidad penal.
No obstante, la aplicación de la nueva legislación supone un reto para el Gobierno mexicano. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el uso de la tortura en México se ha convertido en una práctica generalizada. Con frecuencia se emiten sentencias sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura. El Ministerio del Interior mexicano ha admitido la existencia de faltas y de actos de tortura. Se recurre a la intimidación y al uso del chantaje para arrancar confesiones cuando, por ejemplo, existe sospecha de que la delincuencia organizada está implicada. También se emplean métodos de tortura en actos de delincuencia común, así como para silenciar protestas sociales. De ahí que los afectados sean a menudo precisamente personas de los sectores pobres y marginados de la población, defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas sociales y, en función del Estado, también la población indígena y pequeños agricultores.
A diferencia de la ley anterior y de la legislación nacional, la nueva ley contra la tortura está en consonancia con la definición de tortura que establece la ONU en la Convención contra la tortura. En la elaboración de esta ley han participado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) y organizaciones no gubernamentales.
Objetivo
Por encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, este proyecto contribuye a la implementación de la nueva ley contra la tortura en México. Se reduce la impunidad, se le brinda apoyo a la sociedad civil y se refuerza la confianza que la población tiene en el Estado de derecho mexicano. Las fiscalías y la Policía aplican con éxito la ley contra la tortura. Se respetan los estándares internacionales y se consideran las propuestas de la sociedad civil.
